24 de noviembre de 2026. Colombia cumple diez años exactos desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con las extintas FARC-EP, un pacto histórico que desmovilizó a más de 13.000 guerrilleros y abrió la puerta a una esperanza de reconciliación. Una década después, el balance es contradictorio: mientras miles de excombatientes persisten en su tránsito a la vida civil, la violencia no ha cesado y el Estado sigue debiendo garantías.
Los números son elocuentes. Según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, hasta diciembre de 2025 se habían registrado 481 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo. De ellos, 11 son mujeres; entre las víctimas hay 63 indígenas y 58 afrocolombianos. La ONU también ha verificado 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones forzadas de firmantes de paz.
El drama no se limita a los asesinatos. Organizaciones como la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) actualizaron la cifra a 479 homicidios de firmantes entre 2017 y marzo de 2026, con una violencia concentrada en departamentos como Cauca (87 homicidios), Antioquia (50), Nariño (43) y Caquetá (41). En regiones como el norte del Cauca, los excombatientes viven bajo amenaza constante, señalados por unos y otros en medio de disputas territoriales por economías ilegales.
Frente a esta realidad, la reincorporación avanza lentamente, pero con pasos significativos en el año del décimo aniversario. En abril de 2026, tras casi diez años de espera, el Gobierno puso en marcha el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), una instancia que articula a 40 entidades del Estado para atender a cerca de 12.000 firmantes. En febrero de 2026, se entregaron las primeras 109 viviendas a excombatientes en el predio El Berlín (Acacías, Meta), cuando al inicio del gobierno actual había cero viviendas entregadas. La meta es alcanzar 1.500 viviendas para firmantes de paz en todo el país. En mayo de 2026, 21 familias recibieron 234 hectáreas en Norte de Santander para desarrollar proyectos productivos en el marco del programa Fincas para la Paz.
Sin embargo, la seguridad prometida en el Acuerdo sigue siendo la deuda más grave. Con 481 homicidios verificados por la ONU —casi uno cada semana durante diez años—, la protección de quienes entregaron las armas no ha sido garantizada. Desde 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha señalado de forma recurrente los vacíos de gobernanza y la débil presencia institucional en los territorios más afectados por la violencia; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en este punto desde 2018; y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) lo ha advertido sistemáticamente en sus informes semestrales desde 2017, más recientemente en su Informe Periódico 39 de diciembre de 2025, donde señaló la necesidad de fortalecer capacidades institucionales en zonas con baja presencia estatal.
Este es el contexto en el que viven los cinco protagonistas de Entregar las Armas y Buscar la Paz– retratos íntimos de 5 excombatientes de las FARC. No son cifras. Son personas que cambiaron el fusil por un proyecto de vida, que han visto caer a sus compañeros, que temen por sus hijos y que, a pesar de todo, siguen creyendo que valió la pena. A continuación, sus retratos íntimos.
